Los pedidos de vacunas existentes ascienden a 8.600 millones de dosis de los que 6000 millones corresponden a países de rentas medias y altas
La revista Nature, se hace eco de un llamamiento formulado por un grupo de más de 100 países, todos ellos miembros de la Organización Internacional del Comercio (WTO), que liderados por la India y Sudáfrica reclaman una suspensión voluntaria temporal de los derechos de patentes que asisten a los inventores de las vacunas frente a la COVID. Todo ello al objeto de hacer disponible la vacunación para mucha más gente.
El cálculo de las necesidades de vacunas para inmunizar al 70% de población humana en su globalidad asciende a 11.000 millones de dosis. Sin embargo, en la situación actual nada garantiza el que la inmunización alcance a los numerosos habitantes de países de bajo nivel de renta. Con ello, será difícil lograr una inmunidad colectiva suficiente, a nivel planetario, como para que se reduzca la amenaza que supone esta pandemia.
En su comentario editorial Nature argumenta que la regulación de derechos de propiedad industrial, que inspira las legislaciones sobre patentes, no está concebida para situaciones de emergencia como las que se producen en circunstancias de guerra o de pandemias.
Algunas de las naciones más ricas, que disponen de empresas muy innovadoras, se han venido oponiendo a esta iniciativa. Argumentan que una suspensión temporal o aplazamiento de las exigencias de las patentes no solucionaría el problema, pues la producción de vacunas seguiría requiriendo de unas instalaciones y un personal adiestrado que no se podría improvisar. Además, la iniciativa COVAX puesta en marcha por la OMS está destinada a proporcionar vacunas a países de menor desarrollo.
No obstante, la actual administración estadounidense parece abrirse a alguna posibilidad en este sentido, con la finalidad de que la vacunación se extienda a los países y a los grupos más vulnerables. Por un lado, se señala que diversas instituciones científicas públicas y también universidades son titulares de patentes de productos antigénicos contra la COVID, cuyos derechos podrían ceder de manera gratuita. Como precedente se invoca el que, en la segunda guerra mundial, varias universidades y empresas colaboraron de manera altruista para producir el primer antibiótico, la penicilina en gran escala, lo que fue decisivo para atajar infecciones en numerosos combatientes. Otra vía que se señala como productiva puede ser la cesión de derechos entre compañías capaces de ampliar la producción de vacunas hasta una escala mayor que la actual.